¿Qué detonó las protestas?
Todo comenzó el viernes, cuando agentes federales irrumpieron en el distrito textil de Los Ángeles, una zona con alta presencia de trabajadores migrantes, para realizar redadas dirigidas a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados. Aunque este tipo de operativos no es nuevo, lo inusual fue su escala, su enfoque en centros de trabajo y la manera en que fueron ejecutados: con agentes armados, sin previo aviso y en una zona densamente poblada por comunidades latinas.
La acción generó alarma inmediata. Trabajadores huyeron de sus puestos de trabajo, circularon videos en redes sociales mostrando detenciones forzadas, y en pocas horas comenzaron a concentrarse manifestantes en las calles. Al grito de “¡Ningún ser humano es ilegal!” y “¡Fuera ICE!”, cientos de personas bloquearon calles del centro de Los Ángeles y se dirigieron a oficinas federales exigiendo el cese de las redadas.
El sábado, la administración de Trump respondió con una orden ejecutiva que calificaba cualquier manifestación que interfiriera con las operaciones migratorias como una “forma de rebelión”. A través de esta orden, se autorizó el despliegue de al menos 2,000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Lo más polémico es que esta decisión se tomó sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, lo que representa una intervención federal directa en los asuntos de un estado.
Expertos legales y en derechos civiles han advertido que esto no ocurría desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas federales a Alabama para proteger a manifestantes por los derechos civiles. En este caso, sin embargo, el despliegue no fue para proteger a manifestantes, sino para contenerlos.
¿Cuál ha sido la respuesta del estado de California?
El gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios estatales han condenado enérgicamente la decisión de Trump. Newsom calificó la orden como “intencionadamente incendiaria” y afirmó que California no necesita asistencia federal para gestionar las manifestaciones. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también expresó su desacuerdo, asegurando que “la presencia de la Guardia Nacional no sería útil” y que la ciudad tiene la capacidad de manejar las protestas por sí sola.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, declaró que las fuerzas de seguridad locales cuentan con los recursos necesarios para enfrentar la situación y calificó la intervención federal como “contraproducente”.
Las protestas…
Las protestas comenzaron en el centro de Los Ángeles, pero rápidamente se extendieron a zonas metropolitanas como Paramount, una ciudad mayoritariamente latina y de clase trabajadora a unos 24 kilómetros al sur. En esa localidad se vivieron algunos de los momentos más tensos, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, que utilizaron gases lacrimógenos, proyectiles no letales y granadas aturdidoras para dispersar las concentraciones.
Hasta el sábado por la noche, se reportaron más de 120 detenciones. El domingo por la mañana, las calles amanecieron más tranquilas, pero con una nueva presencia: los soldados de la Guardia Nacional, desplegados principalmente en torno al Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentran muchos de los detenidos del sábado.
¿Qué es la Guardia Nacional y por qué su despliegue es importante?
La Guardia Nacional es una rama militar que puede ser activada tanto por los gobernadores de los estados como por el presidente de EE. UU. Sin embargo, es muy poco común que el presidente despliegue esta fuerza sin la solicitud del gobernador estatal. Su uso más frecuente ocurre durante desastres naturales, como huracanes o incendios forestales, o en disturbios civiles a petición del estado.
En este caso, el despliegue ha sido interpretado como una maniobra política y una muestra de fuerza del gobierno federal frente a un estado, California, que históricamente ha sido crítico de las políticas migratorias de Trump.
Además de la confrontación entre los gobiernos federal y estatal, lo que está en juego es el enfoque mismo del país hacia la migración, el derecho a la protesta y la autonomía de los estados frente al poder presidencial. La narrativa de la Casa Blanca ha calificado las protestas como “turbas violentas” y una “insurrección”, mientras que líderes estatales y defensores de derechos humanos aseguran que se trata de un ejercicio legítimo de libertad de expresión frente a políticas migratorias que consideran deshumanizantes.
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Para esta misma semana, están programadas más manifestaciones en distintas partes de la ciudad. Organizaciones comunitarias, grupos de derechos civiles y sindicatos han convocado a movilizaciones pacíficas, mientras que la presencia militar federal continúa aumentando.
Por ahora, Los Ángeles se encuentra en una especie de tensa calma, en medio de una disputa legal y política que podría escalar aún más si las protestas continúan y si el gobierno federal mantiene su posición de confrontación.
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