En abril de 2025, el presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 10 % a las importaciones provenientes de la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta medida forma parte de una política comercial más amplia que busca contrarrestar prácticas consideradas “desleales” hacia Estados Unidos.
La aplicación de estos aranceles ha generado preocupación en América Latina, donde sectores clave como la agroindustria, manufacturas y energía podrían verse afectados. Por ejemplo, Chile, el principal productor mundial de cobre, ha expresado su oposición a una posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, argumentando que sus exportaciones fortalecen la seguridad de la cadena de suministro estadounidense y no representan una amenaza para la seguridad nacional.
En México, la imposición de aranceles del 25 % a las importaciones mexicanas y canadienses ha generado preocupaciones sobre una posible recesión y una caída en la inversión y el consumo. La medida también podría afectar a los consumidores estadounidenses, quienes enfrentarán precios más altos en productos como tomates, debido a la limitada disponibilidad de proveedores alternativos de calidad a buen precio.
Analistas advierten que estas políticas podrían tener efectos negativos en la economía estadounidense, al aumentar los costos para los consumidores y las empresas, y al generar tensiones con socios comerciales clave. Además, se teme que estas medidas puedan provocar represalias por parte de los países afectados, lo que podría desencadenar una guerra comercial a gran escala.
En este contexto, América Latina enfrenta el desafío de diversificar sus mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos. Algunos expertos sugieren que la región debería adoptar una estrategia comercial unificada, similar a la de la Unión Europea, para mitigar los efectos de las políticas proteccionistas estadounidenses.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina, y sobre la capacidad de la región para adaptarse a un entorno económico global cada vez más incierto y proteccionista.
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